Con la
aprobación por el Gobierno del anteproyecto de Ley Orgánica para la protección
de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, el Partido
Popular trata de llevar a cabo su promesa electoral de cambiar radicalmente los
planteamientos de la
Ley Aido-Zapatero que elevaban a la categoría de derecho, el
asesinato de un hijo en el vientre de su madre, conculcando el más elemental de
los Derechos Humanos e ignorando la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional en sus sentencias de
1985, 1996 y 1997.
El Foro de la Familia y las
asociaciones provida han calificado el anteproyecto de muy positivo y aunque no es su ideal es un importante paso hacia una legislación comprometida con la vida.
Este anteproyecto, que ha sido
elaborado durante dos años por un amplio grupo de expertos, tendrá que pasar
por los órganos consultivos del Estado, para luego ser votado en el Parlamento;
pero antes, aunque el ministro de Justicia
ha garantizado que no se va a renunciar
a ninguna de las conquistas en
defensa de los derechos que ella recoge, tendrá que soportar tremendas
presiones internas y externas. Algunos miembros destacados del propio PP, más
preocupados por las encuestas que por la ética, están pidiendo un mayor
consenso y el propio Presidente ha prometido mejoras, no sabemos aún en qué
sentido.
Como era de esperar, desde los
grupos de la Izquierda y del lobby abortivo se han desatado los exabruptos,
amenazas e improperios habituales contra Instituciones y personas que no comparten
su misma forma de pensar. En su afán propagandístico, tratan de movilizar a las
feministas radicales de todo el mundo en ruidosas manifestaciones y congresos,
para intentar presionar a este Gobierno y obligarle a retirar la Ley. Si esto ocurriera, el
descrédito del Partido Popular sería difícil de levantar en años, pues frente a
la opinión superficial, llena de palabras vacías y slóganes, estamos no ante
una cuestión religiosa, sino ética, con importantes aspectos científicos a la
que hay que dar respuesta jurídica. Se trata, nada más y nada menos, de garantizar
el primer derecho fundamental, el de la vida.
Mientras tanto, las que si protegen verdaderamente
la vida y ayudan a las madres víctimas de un embarazo no deseado, son las
iniciativas como el Proyecto Ángel, donde madres e hijos encuentran acogida,
comprensión y cariño; y para las que ya han sufrido el trauma del aborto con el
Proyecto Raquel, con un
acompañamiento para ayudar a superarlo.
¿No sería más lógico y humano que
todos los recursos destinados a la industria del aborto fueran dedicados a la
protección de madres en dificultades?
Miguel
Ángel de la Huerga
Director
del COF CÁDIZ
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